La Ley 1620 de 2013 fue un hito en el abordaje a situaciones de acoso escolar en los colegios del país, es un marco jurídico que logra designar responsabilidades y crear todo un sistema para afrontar el acoso escolar. Por consiguiente, se pueden mencionar, algunos aspectos positivos sobre esta Ley tales como:
- Dotó de herramientas a los Colegios para manejar las situaciones de convivencia escolar.
- Orientó hacia donde deben ir dirigidos los esfuerzos y sobre todo logró establecer que los problemas de violencia escolar o ciertas situaciones exceden la capacidad de respuesta de los colegios y por eso se necesita del apoyo de otras entidades para atender la demanda que se presentan cotidianamente.
- Su concepción de crear un Sistema Nacional de Convivencia con diferentes instancias en lo nacional y territorial y en los mismos establecimientos educativos posibilitó que este tema tuviese visibilidad y atención.
- Su decreto 1965 del 2013, logró darle contenido a partir de definir las situaciones de convivencia escolar, dar orientaciones a los Manuales de Convivencia Escolar, generar las directrices del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y describió los componentes de las rutas de atención integral para la convivencia escolar.
A su vez, estableció:
Las situaciones de Convivencia escolar: definió tres tipos de conflictos escolares concretos y los clasificó para darles un abordaje específico.
El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar: es una plataforma tecnológica en la cual se referencian las situaciones de convivencia escolar, con el fin de poder tener información veraz de ese tipo de hechos para poder dar el seguimiento a las mismas e implementar acciones contundentes para su mitigación.
La potencialización de Manuales de Convivencia Escolar: logra establecer elementos necesarios de inclusión para los manuales y sobre todo obliga a que estos sean actualizados para que respondan a las situaciones convivenciales de los Colegios.
La Ruta de Atención Integral para la convivencia Escolar: establece los procesos de como se debe abordar las situaciones de convivencia escolar e involucra instituciones corresponsables de la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes (Policía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
No obstante, pese a los esfuerzos que se han realizado durante estos 10 años, es difícil evaluar si la Ley se está implementando debidamente en el territorio nacional, cuáles son sus avances y que impacto ha tenido en la transformación de las violencias escolares, ya que, si bien es cierto esta Ley orienta a los colegios de toda Colombia y se establece de obligatorio cumplimiento, las situaciones de agresión escolar van en aumento y la inversión en planes, programas y proyectos no alcanza a cubrir todas las necesidades que en materia de convivencia requiere el país.
Por consiguiente, es importante mencionar algunos retos que en la actualidad la Ley enfrenta:
El primer reto al que se enfrenta la Ley, es lograr su implementación tanto en Colegios Privados y Oficiales, debido a que las políticas públicas en educación se centran en el sector oficial, dejando por fuera a las instituciones educativas privadas las cuales han realizado su avance a partir de consultorías legales generando que la implementación de la Ley se dé formal pero no se aplique en la cotidianidad, este es un tema de profundo interés porque varios de los casos emblemáticos de acoso escolar o abuso por parte de docentes surgen en Colegios privados.
Como segundo reto, no hay una implementación a nivel nacional del Sistema de Convivencia Escolar, esto debido que existen grandes brechas de diferencia entre las zonas urbanas y rurales, al igual que los municipios que le responden a las Secretarías de Educación Departamentales y otros que cuentan con secretarías acreditadas solo para su municipio.
Otro reto sobre la Ley, es que después de 10 años de esta haber sido promulgada, aún no ha sido asumida y comprendida en su totalidad, tanto a nivel país, como a nivel territorial, contando que Colombia posee 1102 municipios que en materia de la Ley se traduce a 1102 comités territoriales de convivencia en funcionamiento, sin embargo en varios territorios aún se desconoce las funciones y la importancia de estos, como mecanismos y engranaje de todo el Sistema Nacional de Convivencia para la mitigación de la violencia escolar en el país.
En otro plano, aparecen los establecimientos educativos tanto oficiales como no oficiales, que continúan teniendo un modelo tradicional con enfoque desde lo punitivo, donde es más importante el castigo, la sanción y poner al estudiante en el lugar de la falta, que desarrollar toda una enseñanza centrada en el ser humano, en su fortalecimiento del ser y el desarrollo de las capacidades socioemocionales y ciudadanas para que cada estudiante pueda realizarse integralmente en su trayectoria no solo educativa, sino de vida.
A su vez, es relevante mencionar que también existen grandes retos en la implementación de los Comités Escolares de Convivencia, donde no hay participación real y democrática de la comunidad educativa, lo que se traduce en que no se cuenten con procesos y acciones de la prevención de violencias escolares, prevención de las violencias sexuales, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicotrópicas entre otros. Acciones que deberían estar reflejadas en los manuales de convivencia como herramienta fundamental para orientar la garantía de derechos y propender que estudiantes puedan desarrollarse académica y emocionalmente en ambientes favorables.
Según datos del Ministerio de Educación Nacional en el evento de la conmemoración de los 10 años de la Ley 1620 el día 23 de marzo de 2023, solo 11 mil establecimientos educativas reportan al Sistema de Información Unificado SIUCE las situaciones de convivencia escolar, lo que no permite poder tener un panorama amplio de lo que sucede en el país con relación a las violencias escolares, las cuales traen repercusión tanto a nivel de salud mental como física en las niñas, niños y adolescentes que están inmersos en contextos cotidianos de hostigamiento, discriminación, acoso y diferentes formas de violencia.
Finalmente, la Ley de Convivencia Escolar 1620 de 2013 en Colombia ha sido un gran avance, sin embargo, es importante reconocer que necesita esfuerzos desde lo gubernamental y lo escolar, en pro del bienestar y la calidad educativa de los y las estudiantes, que posibilite y contribuya a fomentar una cultura de paz y de reconocimiento a la diversidad del país, en un proceso constante de transformación educativa y de fortalecimiento de ambientes escolares idóneos para el desarrollo integral de cada persona.